Diario al Día, Santo Domingo- La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó medida de coerción contra tres administradores de Comercial Barra Payán, tras un presunto fraude superior a RD$39.7 millones en la empresa.
La solicitud fue depositada ante el Juzgado de Atención Permanente por la fiscal Luz del Carmen Marte, coordinadora del Departamento Investigativo de Crmenes y Delitos contra la Propiedad, como parte del proceso iniciado.
Los imputados son Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera, socios y administradores de Barra Payán y Panadería Payán, negocios de larga trayectoria y reconocido prestigio en el mercado local.
El Ministerio Público sostiene que los señalados habrían aprovechado su posición para ejecutar un esquema reiterado que consistía en no depositar la totalidad del dinero generado por las ventas diarias en cuentas oficiales.
La investigación se apoyó en auditoría interna y auditoría forense, las cuales revelaron discrepancias entre las ventas reales registradas en los establecimientos y los montos reportados formalmente durante varios períodos operativos.
De acuerdo con el expediente, las irregularidades ocurrieron principalmente entre 2019 y 2022, período en el que los imputados ejercían control directo sobre la administración financiera y los procesos de recaudo de los negocios involucrados.
El informe técnico fue elaborado por el perito Ramón Antonio Perelló Polanco, quien identificó diferencias entre los cuadres manuales realizados por cajeras y los depósitos bancarios, evidenciando patrones de presunto desvío sistemático de fondos.
El monto total presuntamente defraudado asciende a RD$39,784,661.18, afectando directamente a los socios Juan Santiago Frías Paulino, Juan Abraham Frías Paulino, Yeimy Cantalicia Frías Paulino y Juan Carlos Frías Beltrán, constituidos como querellantes.
La audiencia de medida fue recesada por la jueza Fátima Veloz y fijada para las 1:00 de la tarde, mientras los imputados permanecen recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, tras ser arrestados el 5 de febrero de 2026.
Tras el anuncio, el Ministerio Público solicitó una garantía económica de un millón de pesos en efectivo, además de impedimento de salida del país y presentación periódica, alegando falta de arraigo suficiente de los imputados.
La investigación se mantiene en curso, mientras las autoridades buscan garantizar la presencia de los imputados durante el proceso judicial y esclarecer completamente la magnitud de las irregularidades financieras.
Los querellantes han reiterado su confianza en el sistema judicial, esperando que se tomen medidas efectivas para recuperar los fondos presuntamente faltantes y sancionar cualquier irregularidad comprobada.
Expertos en finanzas y auditoría señalan que los controles internos deben fortalecerse para evitar que casos similares se repitan en empresas con estructuras complejas de manejo de ingresos y depósitos bancarios.
Vecinos y empleados de la empresa manifestaron sorpresa ante la situación, destacando que los negocios mantenían una reputación estable y que las irregularidades no habían sido evidentes públicamente.
Autoridades judiciales confirmaron que cualquier actualización sobre el caso será ofrecida luego de concluir las diligencias técnicas y los análisis forenses relacionados con el manejo financiero de la empresa.
Se espera que las medidas de coerción y los procedimientos legales continúen desarrollándose conforme avance la investigación y se presenten nuevas pruebas ante el tribunal.
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