Diario al Día, Santo Domingo- Melitón Cordero, dominicano, supervisor de la oficina de la DEA en República Dominicana, podría enfrentar hasta 15 años de prisión por presunta conspiración para soborno y fraude de visas.
Según la acusación del Departamento de Justicia, durante sus seis años de servicio en la Embajada de Estados Unidos en el país, Cordero supuestamente aceptó miles de dólares para ayudar a extranjeros a obtener visas.
Además, el documento legal indica que habría tramitado al menos 119 solicitudes de visa, de las cuales al menos una habría sido considerada fraudulenta, involucrando irregularidades graves en el proceso de emisión de documentos.
Entre los casos documentados, el agente especial presuntamente entregó un pasaporte y una visa a un ciudadano extranjero a cambio de dinero, permitiendo su viaje a Estados Unidos de manera ilícita.
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero prohíbe que ciudadanos o entidades estadounidenses sobornen a funcionarios extranjeros para obtener beneficios en sus intereses comerciales o personales.
En el marco legal estadounidense también se establece la prohibición de falsificar, alterar o crear documentos de inmigración de manera fraudulenta, así como poseer, usar o recibir dichos documentos sin autorización.
La fiscal federal Jeanine Pirro y el administrador de la DEA, Terrance Cole, señalaron que las acciones atribuidas a Cordero son inaceptables y no reflejan el profesionalismo de la agencia ni de sus agentes.
«Las presuntas acciones no reflejan a los miles de profesionales de la DEA que sirven honorablemente a diario desmantelando organizaciones criminales y protegiendo a comunidades nacionales e internacionales”, afirmó Terrance Cole.
Tras el arresto de Cordero el jueves en Washington D.C., la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, ordenó el cierre temporal de las oficinas de la DEA en el país para iniciar un proceso de reubicación y reorganización de personal.
Este procedimiento forma parte de una revisión interna ante las denuncias de presunta mala conducta, que permanecen bajo investigación mientras la agencia evalúa medidas correctivas y preventivas para garantizar la integridad institucional.