Diario al Día, Duarte- En seguimiento al caso de Robelina González, la Policía Nacional detuvo a Roberto Germosén en San Francisco de Macorís, acusado de presuntas amenazas contra su expareja tras el fin de una relación de nueve años.
La captura se produjo aproximadamente 24 horas después de que González hiciera pública su denuncia, en la que manifestó un profundo temor por su vida y la de sus hijos.
Al ser abordado por la prensa tras su arresto, Germosén negó categóricamente todas las acusaciones presentadas en su contra por la madre de sus tres hijos.
“Yo no he hecho nada de eso que ella dice. Solo quiero que esto se aclare”, declaró brevemente el detenido mientras era conducido por las autoridades competentes.
El imputado sostuvo además que fue él quien solicitó una orden de alejamiento contra su expareja, argumentando que era víctima de agresiones físicas por parte de ella durante la convivencia.
Según afirmó, cuenta con videos que demostrarían que era él quien recibía agresiones, material que asegura ya fue remitido a la fiscalía para ser evaluado como parte del proceso.
Germosén indicó que se enteró de la denuncia pública de su expareja el día anterior y que se dirigió voluntariamente a la fiscalía para aclarar su versión de los hechos ante las autoridades.
Por su parte, González también había denunciado irregularidades en el manejo inicial de su caso, alegando que pruebas de audio y video presentadas no fueron tomadas en cuenta en instancias anteriores.
La denunciante señaló además que el imputado habría alardeado de tener influencias dentro del sistema judicial para evitar consecuencias legales derivadas de las denuncias interpuestas en su contra.
Roberto Germosén se encuentra actualmente bajo custodia en el comando regional noreste de la Policía Nacional, donde permanece mientras avanzan las diligencias del caso.
Se espera que en las próximas horas sea puesto a disposición del Ministerio Público, instancia ante la cual se le conocerán las medidas de coerción correspondientes al proceso judicial.
Las autoridades competentes indicaron que el caso seguirá el curso legal establecido para determinar la veracidad de las pruebas presentadas por ambas partes y garantizar el debido proceso.