Santiago.- Alexander Ramón Peña Henríquez, quien laboraba en el Ministerio de Salud Pública, fue detenido tras difundirse un video en el que ofrecía dinero a una ciudadana haitiana a cambio de que le consiguiera una “chiquita” de entre 8 y 10 años. Según confirmó su abogado, Fernando Quiñones, Peña Henríquez fue cancelado de la institución luego de que el audiovisual circulara ampliamente en redes sociales.
El jurista ofreció estas declaraciones luego de la audiencia de conocimiento de medida de coerción, la cual fue aplazada para el próximo lunes por el Tribunal de Atención Permanente de Santiago, con el objetivo de que la defensa presente presupuesto y prepare sus alegatos. En el video, grabado y difundido por la mujer extranjera, se escucha al imputado ofrecer entre RD$15,000 y RD$20,000 a cambio de que le consiguiera la pequeña, expresando de forma explícita su interés en “una señorita”.
Tras la publicación del material audiovisual, Peña Henríquez se presentó de manera voluntaria ante la Policía Nacional en Santiago, donde quedó detenido. En su defensa, aseguró no recordar la conversación registrada y señaló que únicamente ofreció “una bola” a la mujer en la rotonda del ensanche Libertad, sugiriendo además que pudo haber sido “hipnotizado” tras consumir una sustancia que le habría suministrado ella.
La investigación fue iniciada el 24 de octubre de 2025, luego de que el video se hiciera viral. El Ministerio Público solicita prisión preventiva como medida de coerción, basando la acusación en la presunta infracción de los artículos 334 y 410 del Código Penal, modificados por la Ley 24-97, así como el artículo 396 del Código de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) y la Ley 137-07 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Además de Peña Henríquez, las autoridades investigan a una mujer conocida como Luisa, identificada como la presunta intermediaria en el hecho. Las diligencias buscan esclarecer el alcance de la participación de ambos involucrados, así como determinar responsabilidades adicionales en relación con la oferta económica y la tentativa de conseguir a la menor.
El caso ha generado atención nacional por la gravedad de las acusaciones y la implicación de un funcionario público, lo que ha motivado el seguimiento de la comunidad y de los organismos de derechos de la niñez. Las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios que permitan avanzar en la instrucción del proceso y garantizar que se adopten las medidas legales correspondientes.