Diario al Día, Santo Domingo- El abogado Carlos Balcácer emitió fuertes declaraciones sobre las protestas en Ciudad Nueva, relacionadas con el proceso judicial del caso Senasa.
Balcácer representa legalmente a Rafael Martínez Hazim, uno de los imputados en el presunto desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud, actualmente bajo conocimiento judicial.
Durante sus declaraciones, el jurista criticó a quienes protestan en las inmediaciones del Palacio, afirmando que intentan influir indebidamente en las decisiones de los jueces.
Críticas a los manifestantes
El abogado sostuvo que las personas concentradas deberían ser dispersadas mediante acciones firmes de las autoridades, al considerar que buscan presionar el desarrollo regular del proceso.
En ese contexto expresó:
«Ese grupo debería ser retirado con medidas contundentes, porque intenta condicionar a los jueces», refiriéndose a los manifestantes presentes.
Balcácer calificó a los participantes como
«un grupito de insurrectos sediciosos» y aseguró que sus acciones no incidirán en el curso del expediente judicial.
Defensa del proceso judicial
El jurista señaló que los imputados han permanecido uno y hasta dos años bajo medidas restrictivas, cuestionando que ahora se critique a la justicia.
Indicó que, anteriormente, el sistema actuó conforme a la ley, por lo que considera incoherente el cuestionamiento actual de las decisiones adoptadas.
Balcácer defendió el traslado de algunos imputados al centro penitenciario de Najayo, calificando la medida como injusta, aunque reconoció su carácter judicial.
- Insistió en que las protestas no deben realizarse frente al Palacio de Justicia, sino ante la sede del Ministerio Público.
- Argumentó que ese órgano es quien formula solicitudes, mientras el juez decide conforme a lo presentado.
- Señaló que el magistrado está legalmente obligado a resolver según los planteamientos recibidos.
Durante su intervención, Balcácer mencionó a una estudiante de Medicina imputada, indicando que presentó un evento cerebrovascular hace aproximadamente quince días.
Señaló que su presunto involucramiento ronda entre dos y tres millones de pesos, aspecto que, según dijo, no consideran los manifestantes.
Afirmó que la Constitución contempla que condiciones graves de salud pueden incidir directamente en el curso del proceso judicial correspondiente.
El abogado cuestionó lo que considera trato desigual, al señalar diferencias entre imputados con montos menores y otros con cifras significativamente mayores.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente había recesado la audiencia este domingo a las seis de la tarde en el Distrito Nacional.