Un profesional del derecho fue privado de libertad en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, señalado por una supuesta estafa millonaria en perjuicio de una mujer. De acuerdo con la información ofrecida por el abogado Félix Portes, representante de la parte querellante, la detención obedece a una solicitud formal de medidas de coerción sustentada en diversos elementos probatorios. El jurista explicó que su petición se apoya en hechos que comprometen la responsabilidad penal del imputado, cuyo nombre no fue revelado, y que actualmente permanece bajo custodia.
Portes manifestó que la medida adoptada es razonable, ya que responde a la comisión de hechos de gravedad que han perjudicado los intereses de sus representados. Aseguró además que el proceso cuenta con bases sólidas y que las autoridades competentes determinaron la existencia de irregularidades en la documentación utilizada para concretar una transacción inmobiliaria de alto valor.
El abogado precisó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) determinó la falsedad de varios documentos, los cuales se pretendían utilizar para engañar a su representada en la venta de un inmueble valorado en más de tres millones de dólares. Según Portes, el imputado, junto con otros implicados, habría simulado el pago total de la propiedad, cuando en realidad solo se había entregado la cantidad inicial acordada.
«Hemos sido enfáticos y claros en nuestra solicitud de medidas de coerción. Las pruebas presentadas por la parte querellante demuestran la vinculación directa del profesional del derecho con falsificación de documentos», declaró el abogado Portes. Añadió que el expediente contiene elementos de convicción que reflejan la peligrosidad procesal del imputado, así como la posibilidad de que intente evadir la acción judicial o entorpecer el curso del proceso.
De acuerdo con el jurista, la medida de coerción busca asegurar la comparecencia del acusado durante todas las etapas judiciales y evitar su eventual evasión. Confirmó además que se ha solicitado la prisión preventiva como la opción más adecuada, considerando la gravedad de los hechos atribuidos y la alta sanción que podría corresponderle en caso de ser hallado culpable.
El conocimiento de dicha medida se realizará en las próximas horas en la Oficina de Servicios de Atención Permanente, donde se espera un amplio intercambio de argumentos entre la defensa del imputado y la parte querellante, la cual cuenta con el respaldo del Ministerio Público.