Santo Domingo.- El abogado Félix Portes elevó el debate jurídico nacional al pronunciarse sobre la controversia que rodea a La Casa de Alofoke 2, tras la solicitud del Movimiento Matrimonio Feliz al Ministerio de Cultura para evaluar el programa por presuntos mensajes contrarios a valores familiares. Su intervención se basó en artículos constitucionales y leyes vigentes, ofreciendo un análisis técnico sobre los límites del Estado en la regulación de contenidos en internet.
Porte, reconocido por su experiencia en litigios complejos, recordó que la Constitución dominicana establece que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la vida democrática. Señaló que este derecho solo puede ser restringido bajo condiciones excepcionales previstas en la ley, lo que exige que las instituciones públicas actúen bajo principios de legalidad y proporcionalidad, evitando intervenciones arbitrarias sobre contenidos digitales.
El jurista explicó que la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento, vigente desde hace décadas, protege la libre emisión de ideas, incluyendo mensajes transmitidos por medios audiovisuales y plataformas digitales. Según Porte, esta normativa fue diseñada para impedir controles injustificados sobre la expresión pública, lo que significa que los organismos estatales no pueden intervenir contenidos sin un sustento jurídico claro y definido.
Asimismo, subrayó que la Ley de Espectáculos Públicos fue creada para supervisar expresiones artísticas y actividades en espacios físicos o medios tradicionales, pero no otorga autoridad para intervenir producciones difundidas en plataformas digitales como YouTube, donde se transmite La Casa de Alofoke 2. Intentar extender esa jurisdicción, indicó, constituiría una aplicación incorrecta de la normativa vigente.
El abogado enfatizó que solicitar una revisión formal de un contenido digital sin amparo legal podría constituir una acción incompatible con principios constitucionales. Añadió que cualquier intento de supervisión estatal debe surgir de un proceso institucional claro, basado en una ley específica y limitado a situaciones donde exista una infracción demostrable.
Porte amplió su análisis señalando que la atención pública debería centrarse en desafíos nacionales que requieren respuestas urgentes, como fortalecer mecanismos contra prácticas irregulares en instituciones, mejorar el sistema sanitario, garantizar cobertura y eficiencia en seguridad social, y asegurar acceso estable al agua y a la energía. También mencionó el consumo de sustancias ilícitas, el tráfico interno de productos relacionados y los incidentes vinculados a la seguridad ciudadana en distintas comunidades.
Su postura fue ampliamente compartida en redes sociales, donde usuarios destacaron el valor legal de su análisis y la necesidad de adaptar la regulación de contenidos a plataformas digitales. Esto desplazó parcialmente la atención de la respuesta inicial de Santiago Matías hacia el marco regulatorio aplicable. Mientras tanto, el Movimiento Matrimonio Feliz reiteró su solicitud a Cultura, señalando que busca promover un entorno mediático que resguarde valores familiares y contribuya positivamente a la formación de menores, sin limitar derechos, sino solicitando una revisión institucional formal.
Especialistas han recordado que el país enfrenta una transición hacia nuevas formas de consumo digital, planteando retos para normativas previas a la era de plataformas masivas como YouTube. Corresponde al Ministerio de Cultura evaluar la solicitud, analizar sus fundamentos y determinar si existe competencia institucional para revisar contenidos digitales, o si, como sostiene Porte, la normativa actual no contempla este ámbito, lo que abriría discusiones sobre la modernización del marco regulatorio cultural.
Mientras tanto, La Casa de Alofoke 2 mantiene su seguimiento en plataformas digitales, consolidándose como uno de los contenidos locales de mayor visibilidad y centro de debate nacional sobre aspectos legales, institucionales y sociales.