Diario al Día, Santo Domingo Este- Este lunes la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes conocerá la solicitud de medidas de coerción contra los haitianos señalados de ocasionar la pérdida de un menor de 14 años en Katanga.
El adolescente identificado como Nauriel Nisael Medina Pérez, de 14 años, perdió la existencia presuntamente tras recibir daño con un objeto afilado por dos ciudadanos haitianos, según informó la comunidad local.
Familiares del menor reclamaron justicia y exigieron que “caiga todo el peso de la ley” y que el hecho no quede impune, destacando que Nauriel era un buen estudiante y sin antecedentes disciplinarios.
El reporte televisivo también indicó que la víctima mantenía una relación sentimental con una joven de 15 años, quien presuntamente era pareja de uno de los haitianos señalados, contexto que las autoridades aún investigan sin confirmación oficial.
El caso ha generado reacciones de grupos comunitarios, entre ellos el Grupo Nacionalista Antigua Orden Dominicana, cuyo líder Angelo Vázquez acudió a presentar condolencias a los familiares y emitió declaraciones públicas sobre la situación.
Vázquez solicitó que se aplique la “pena máxima” a los responsables y expresó que los haitianos “tienen que salir” de la zona si no pueden convivir, calificando la presencia de trabajadores extranjeros como un problema que se complica cada día.
El líder nacionalista relató episodios previos en la comunidad, cerca del Puente de Los Mina, donde, según sus afirmaciones, un residente con discapacidad visual y su madre de 80 años, sobreviviente de cáncer, sufrieron advertencias y la pérdida de un perro, además de advertencias de incendio de vivienda.
Estos antecedentes fueron presentados como testimonios sin respaldo oficial, reflejando una escalada retórica en la narrativa de seguridad y soberanía local vinculada al trágico desenlace del adolescente.
Tras las declaraciones, el Grupo Antigua Orden Dominicana anunció un plazo de varios días para que los haitianos abandonen la zona, advirtiendo que, de no hacerlo, serían “sacados por la organización y comunitarios”, según reportó Deison Ovález (CDN).
La investigación penal permanece en curso y las autoridades aún no han especificado las medidas cautelares que se aplicarán contra los presuntos ofensores, mientras la comunidad espera una actuación institucional que evite conflictos mayores.
El caso expone tensiones sociales, xenofobia y debates sobre seguridad comunitaria, subrayando la necesidad de que el sistema judicial investigue con rigor y proteja derechos sin provocar escaladas de violencia.
Los testimonios y pronunciamientos públicos reflejan la instrumentalización del dolor en el debate comunitario, mientras la sociedad y autoridades evalúan la respuesta judicial adecuada a este hecho.
La Fiscalía y los organismos competentes deberán garantizar transparencia en la investigación y actuar con prontitud para evitar que las tensiones comunitarias escalen en conflictos mayores.
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