Diario al Día, Santo Domingo- El Ministerio Público capturó a Marvin Joel Soriano Robles, condenado a cinco años de prisión por cometer estafa electrónica contra varias personas mediante la empresa Procrédito.
La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados presentó al imputado ante el Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional para cumplir la sentencia definitiva.
La condena fue impuesta por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, que además ordenó el pago de una multa equivalente a la tercera parte de un salario mínimo.
La disposición económica se fundamenta en la Ley 12-07 sobre Multas o Sanciones Pecuniarias, según detalla la decisión judicial correspondiente.
La sentencia número 047-2019-SSEN-00201, emitida el 31 de octubre de 2019, fue dictada tras la acusación penal pública presentada por el procurador fiscal Denny Silvestre.
El operativo de captura fue coordinado por la Ucaprec, encabezada por la fiscal Andry De Los Santos, luego de tramitar una solicitud ante la jueza suplente Katerine A. Rubio.
El juez Vladimir Rosario García declaró culpable a Soriano Robles por violar los artículos 150, 151 y 405 del Código Penal dominicano.
Esos artículos sancionan el uso de documentos falsos en escritura privada y el delito de estafa, hechos por los cuales fue condenado a cinco años de prisión.
Tras la sentencia de primer grado, el procesado interpuso un recurso de apelación ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Mediante la sentencia 502-2021-SSEN-00069, emitida el 26 de agosto de 2021, el tribunal rechazó el recurso y confirmó en todas sus partes la condena impuesta.
Posteriormente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia también rechazó un recurso de casación presentado contra esa decisión.
Soriano Robles, quien ya había sido condenado en otro caso de estafa a seis años de prisión, es reincidente y enfrenta otros procesos judiciales similares.
Junto a Roxanna Milagros Villeta Gómez, promovía su empresa como un buró de crédito y prometía a las víctimas “limpiar” sus expedientes en el sistema financiero.
La acusación establece que hacían firmar contratos digitales a los afectados, convirtiéndolos en supuestos deudores y aplicando embargos irregulares, incluso con firmas falsificadas.
Según el expediente, las víctimas eran captadas mediante anuncios en redes sociales con enlaces hacia Procrédito, que redirigían a mensajes por WhatsApp para continuar el contacto.