Diario al Día, Santo Domingo- A 30 años del caso Llenas Aybar, una decisión judicial confirmada este mes reaviva el debate público sobre justicia, memoria colectiva y cumplimiento íntegro de condenas.
El caso de José Rafael Llenas Aybar, ocurrido en mayo de 1996, permanece como una de las referencias más sensibles dentro de la memoria colectiva dominicana.
Con 12 años de edad, el menor salió de su hogar con la intención de observar motocicletas cercanas, sin regresar, iniciando una situación que impactó profundamente a la sociedad.
Días después, el difunto fue localizado en el arroyo Lebrón, próximo a la autopista Duarte, presentando múltiples lesiones que provocaron consternación e indignación nacional.
La investigación judicial estableció vínculos con jóvenes pertenecientes a un entorno social privilegiado, identificando a Mario José Redondo Llenas y Juan Manuel Moliné Rodríguez como responsables.
Redondo Llenas, primo del menor, recibió una condena de 30 años de reclusión, la pena máxima vigente entonces, la cual concluye oficialmente durante este mes.
Moliné Rodríguez, amigo cercano, fue sentenciado a 20 años y obtuvo su libertad en 2016 tras cumplir íntegramente la sanción impuesta por las autoridades.
Al momento de los hechos, ambos tenían 18 y 19 años, residían cerca del menor y, según el expediente, utilizaron esa cercanía para ganarse su confianza.
El proceso judicial estuvo marcado por irregularidades, incluyendo evidencias físicas extraviadas bajo custodia oficial, lo que limitó análisis posteriores y generó fuertes cuestionamientos.
También surgieron señalamientos que involucraron a terceros del ámbito diplomático, aunque esas líneas de investigación no prosperaron ni derivaron en procesos formales.
Durante el proceso, ambos condenados fueron evaluados por profesionales de la salud mental, cuyos informes señalaron condiciones psicológicas significativas incorporadas al expediente judicial.
Ileana Aybar de Llenas, madre del niño, expresó reiteradamente que ninguna sentencia podría compensar la pérdida sufrida por su familia.
“No me alegro de la condena… el dolor no lo resarce ninguna decisión judicial”, manifestó durante el proceso, reflejando una postura constante a lo largo de los años.
Más adelante reiteró: “Después de todo lo ocurrido, lo mínimo era que se cumpliera la pena completa”, expresión compartida por amplios sectores sociales.
El abogado Carlos Balcácer recordó que el cumplimiento íntegro de penas máximas no fue exclusivo de este caso, citando precedentes históricos similares.
En este contexto, la liberación de Redondo Llenas reaviva el recuerdo de un caso que aún genera reflexión y análisis público.
Las autoridades penitenciarias confirmaron su excarcelación tras el cumplimiento total de la condena establecida por la ley vigente en 1996.