Diario al Día, Santiago- El Segundo Tribunal Colegiado de Santiago impuso 20 años de prisión a Reymund Samuel Díaz, tras ser declarado responsable del incidente fatal de Ángel Rafael Caba Domínguez, “DJ Kanela”.
La pena será cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, ubicado en San Cristóbal, según lo determinó la decisión judicial emitida recientemente por el tribunal.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó evidencias que confirmaron la participación directa de Díaz en el suceso que resultó en la pérdida de la vida del reconocido promotor, destacado en la organización de eventos urbanos y media tours en Santiago y otras zonas del Cibao.
El tribunal también emitió sentencia absolutoria a favor de Allinzo Rodríguez y Jeffrey Pérez, al considerar que no existían pruebas suficientes que los vincularan directamente con el hecho ocurrido en el sector Ensanche Bolívar.
Reacciones de los abogados
Héctor Infante Méndez, abogado de la familia de la víctima, expresó que la decisión constituye un acto de justicia para DJ Kanela, cuya pérdida impactó profundamente al sector artístico local.
“Consideramos que este fallo representa justicia para DJ Kanela y su familia, luego de un hecho que conmovió a toda la comunidad artística de Santiago.” – Héctor Infante Méndez
Por su parte, Onoris Casado, defensor de Reymund Díaz, manifestó su desacuerdo con la sentencia y anunció que la misma será apelada ante instancias superiores, buscando una revisión del fallo emitido por el tribunal.
Detalles del incidente
El incidente fatal ocurrió cuando DJ Kanela regresaba de una fiesta y fue interceptado por varios individuos en las inmediaciones de su residencia en el Ensanche Bolívar, provocando su fatal desenlace en el lugar.
El tribunal, tras valorar las pruebas documentales, testimoniales y periciales presentadas por ambas partes, emitió su fallo basándose en los elementos aportados, concluyendo el proceso judicial de manera formal.
La decisión judicial marca un hito en el seguimiento del caso y resalta la labor del sistema judicial en la región, asegurando que se cumpla la pena establecida según la ley.