Diario al Día, Santiago- La disputa entre las rutas de transporte público F y SO continúa en Santiago, generando confrontaciones verbales, denuncias de presuntos traumas físicos y reclamos por pasajeros.
Choferes de la ruta SO aseguran que históricamente han operado en el mismo corredor urbano, y que cualquier restricción afecta directamente a los usuarios que dependen del servicio diariamente.
Según los testimonios, la ruta F no presta servicio en ciertas zonas, lo que genera tensiones por la captación de pasajeros y la percepción de favoritismo en la circulación de unidades.
Rel Ureña, presidente de la empresa de transporte CO, indicó que la falta de una mesa de diálogo efectiva ha agravado los enfrentamientos, afectando tanto a los choferes como a los pasajeros durante lluvias y condiciones difíciles.
Se reportan episodios donde choferes de la SO habrían recibido traumas físicos mientras intentaban continuar sus recorridos, y algunos fueron interceptados mientras se desplazaban en motor, según los relatos de los afectados.
Los conductores afirman que no provocan afectaciones, sino que permanecen en un lugar de paz, pero enfrentan consecuencias operativas y físicas derivadas de la disputa sindical y la ausencia de mediación institucional.
La Policía Nacional ha sido cuestionada por desmontar pasajeros de unidades de la SO. Rel Ureña señaló: “¿Quién tiene facultad para desmontarnos un pasajero a nosotros?”, atribuyendo la función al ayuntamiento o autoridad reguladora.
Se sostiene que estas acciones policiales exceden sus funciones y afectan directamente los ingresos de los choferes, profundizando la tensión entre las rutas y generando cuestionamientos sobre la legalidad de las intervenciones.
La ruta F asegura contar con una resolución que avala su operación; sin embargo, representantes de la SO consideran que no existe respaldo legal suficiente y denuncian presuntas irregularidades en la asignación de pasajeros.
Choferes de la SO enfatizan que continuarán operando mientras no haya una decisión clara y destacan la urgencia de que se establezca una mesa de diálogo que garantice equidad y condiciones seguras para todos.
Se concluye que la única vía para una solución sostenible es la mediación efectiva de las autoridades, con reglas claras y verificables que garanticen que el transporte opere sin perjuicio para la ciudadanía.