La tía de una menor de 12 años presentó una denuncia indicando que su sobrina fue perjudicada físicamente hasta sangrar por una vendedora ambulante cuando salía de clases en la escuela Ramón Matías Mella, situada en el sector Los Acostados, en la provincia de Azua. Según el testimonio de la adolescente, la acción violenta se produjo luego de un incidente con la hermana menor de la presunta infractora dentro del centro educativo.
La denunciante manifestó su preocupación ante la aparente negligencia de la fiscalía de Azua en el manejo de la situación y añadió que esperan que la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes intervenga de manera efectiva para garantizar la protección de la menor. La adolescente expresó temor de regresar a la escuela debido a lo ocurrido, lo que refleja la gravedad del hecho y la necesidad de medidas inmediatas.
“Una señora que vende afuera del plantel, la agarró por el cabello y la tumbó al contén. Luego la agarró por el cuello y le entró con una bandeja que ella vende. Fuimos a la Policía Nacional a presentar la denuncia, entonces nos mandaron al médico e hicimos los trámites. Fuimos tanto a la Fiscalía como a Protección de Niños y Adolescentes, fuimos a Género y en la Fiscalía nos quitaron dos certificados médicos, pero no nos permitieron hablar con el fiscal. Simplemente, las secretarias tomaron las denuncias y concluyeron que era un ‘altercado por un trabajo pagado y no realizado'”, relató la tía de la afectada.
La denunciante añadió que el procedimiento seguido por las autoridades dejó insatisfecha a la familia, ya que se retiraron los certificados médicos sin que se pudiera dialogar con el fiscal, limitando la acción judicial inicial. La menor permanece preocupada por su seguridad, y la familia insiste en que se garantice la protección y el seguimiento adecuado del caso para prevenir futuros incidentes.
“Nos sentimos indignados con las autoridades de este pueblo. Quién me justifica que ella mañana no va a intentar hacerle lo mismo a la niña o aún peor”, declaró la tía. La denuncia enfatiza la necesidad de atención inmediata y de protocolos claros para proteger a menores víctimas de acciones violentas, así como la importancia de una respuesta judicial efectiva ante estos hechos.
El caso continúa bajo observación, mientras la familia busca que la menor pueda acudir a la escuela sin temor, y que se tomen medidas preventivas frente a la presunta infractora para evitar que se repitan situaciones que pongan en riesgo la integridad física de la niña. La comunidad y las autoridades escolares están llamadas a colaborar en la protección de los estudiantes.
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