Diario al Día, Santo Domingo- Empleados del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) denuncian presiones para entregar parte de sus salarios al movimiento político Jóvenes Unidos por el Cambio.
Acusaciones contra la administración actual
Las denuncias señalan que desde julio de 2024, bajo la rectoría de Rafael Félix García, personal del ITLA estaría obligado a aportar parte de su salario a actividades del movimiento político.
El rector, quien antes fue ministro de la Juventud, dirige una institución pública con presupuesto de más de 1,200 millones de pesos, destinados a becas, expansión y nómina institucional.
Según información oficial, el personal fijo ascendía a 655 empleados en noviembre de 2025, con una masa salarial cercana a 26 millones de pesos mensuales, muchos de ellos vinculados al movimiento político.
Los denunciantes aseguran que empleados, especialmente del círculo cercano a la rectoría, entregan entre 5% y 10% de sus ingresos mensuales bajo advertencias de represalias en aumentos, ascensos o beneficios internos.
Mecanismos de control y presión
Como control, se habrían implementado listas codificadas por colores, con verde para quienes pagan puntualmente y rojo para quienes presentan retrasos, exhibidas en reuniones internas como presión social.
El video de la denuncia incluye técnicos, asistentes y secretarias con salarios entre 50,000 y 190,000 pesos, señalando que la rectoría no figura como aportante en dichas listas.
Ramón Wht Paulino Sánchez, coordinador de rectoría y director del movimiento político, respondió en grupo de WhatsApp institucional: “Aquí no estamos entre enemigos, si ves algo, tu responsabilidad es guardarlo”.
El audiovisual recuerda casos previos en entidades públicas como Inespre y Promipyme, donde se aplicaron deducciones similares con fines políticos, algunas vinculadas a rifas o cobros directos.
Se señala que estas prácticas contravienen la Ley 41-08 de función pública, la Ley 33-18 sobre partidos políticos y la Constitución dominicana, que prohíbe usar recursos públicos para beneficios políticos particulares.
Respuesta institucional y seguimiento
El equipo de investigación solicitó entrevista directa al rector, quien respondió mediante un intermediario, alegando que los aportes eran espontáneos y destinados a comprar juguetes, sin ofrecer versión completa.
Hasta el momento, el ITLA y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental no han emitido una respuesta formal, mientras el reportaje solicita que se profundice en las investigaciones y se asegure el cumplimiento legal.
- Presunta deducción de 5% a 10% de salarios.
- Empleados incluyen técnicos, asistentes y secretarias.
- Listas codificadas por colores como mecanismo de control.
El caso sigue generando debate sobre la legalidad de los aportes y la protección de derechos laborales en el servicio público dominicano.
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