Un agente penitenciario identificado como Reilin Beltré Paulino fue detenido en La Romana tras ser sorprendido presuntamente tratando de ingresar sustancias controladas al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama (CCR-15). Según el informe preliminar, las sustancias estaban ocultas dentro de varios cartones de jugo que el agente intentaba introducir al recinto penitenciario sin autorización, acción que fue descubierta por las autoridades encargadas de la seguridad interna.
De acuerdo con la denuncia, Beltré Paulino también habría sido hallado con varios teléfonos celulares, que presuntamente ofrecía a los internos mediante venta o alquiler temporal. Según la información obtenida, el agente cobraba sumas de dinero a cambio de permitir el uso de estos equipos dentro del penal, práctica que violenta las normas establecidas por la dirección del centro de rehabilitación.
La misma fuente indicó que, tras la detención del agente, las autoridades iniciaron una investigación más amplia que incluye a otros miembros del cuerpo penitenciario. Entre los señalados se encontrarían oficiales de mayor rango y personal administrativo, quienes podrían tener algún tipo de relación con las operaciones irregulares detectadas en el penal. Las autoridades buscan determinar si existía una estructura organizada dedicada a introducir objetos prohibidos en el centro.
Los investigadores trabajan en la recopilación de evidencias y declaraciones que permitan establecer las responsabilidades individuales de los involucrados. El Ministerio Público y la Dirección General de Servicios Penitenciarios mantienen bajo custodia a Beltré Paulino mientras avanzan las diligencias correspondientes. Se espera que en los próximos días se presenten los resultados de las pesquisas y las posibles medidas disciplinarias o judiciales.
Este caso ha generado atención dentro del sistema penitenciario, donde las autoridades afirman que reforzarán los controles internos y revisarán los protocolos de acceso para evitar hechos similares. La intervención busca garantizar la transparencia institucional y mantener la seguridad dentro de los centros de corrección del país, asegurando que los procesos de rehabilitación se desarrollen conforme a los principios establecidos por la ley.