Diario al Día, Distrito Nacional- La Oficina de Atención Permanente impuso garantía económica al exjuez Juan Francisco Rodríguez Consoró, acusado de expresiones intimidantes contra su pareja en El Millón.
Decisión judicial y medida impuesta
La decisión fue adoptada este martes por la jueza Ana Lee Florimon, quien fijó la garantía económica en 200,000 pesos como medida de coerción.
Rodríguez Consoró fue detenido recientemente tras señalamientos del Ministerio Público, relacionados con conductas intimidantes ocurridas en una residencia del sector El Millón.
El órgano acusador había solicitado una medida de privación de libertad, petición que no fue acogida tras la evaluación realizada en la audiencia correspondiente.
Según el expediente, los hechos se registraron el 5 de diciembre de 2025 dentro del domicilio compartido por la pareja involucrada.
El Ministerio Público sostiene que el imputado profirió expresiones intimidantes e insultos, quedando esa conducta documentada mediante registros audiovisuales incorporados formalmente al proceso.
La acusación establece que días después se repitieron manifestaciones similares, vinculadas con causar la pérdida de existencia de la víctima.
Esas expresiones habrían sido comunicadas directamente a un familiar cercano de la víctima, conforme a lo planteado por el órgano acusador.
Como resultado de la situación, la afectada presenta impactos emocionales, incluyendo ansiedad y alteraciones del sueño que inciden en su vida diaria.
Estas conclusiones constan en un informe psicológico forense emitido el 26 de diciembre, el cual fue incorporado al expediente judicial.
La jueza valoró los elementos presentados por las partes antes de imponer la garantía económica como mecanismo para asegurar el proceso.
La medida de coerción fue impuesta en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, instancia competente para conocer este tipo de solicitudes.
El caso continúa bajo conocimiento judicial mientras se desarrollan las etapas correspondientes, conforme a los plazos establecidos por la normativa procesal vigente.
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