La familia de la niña Jazlin Isabella Graciano de la Cruz, de cuatro meses de edad, reclama respuestas y justicia tras la pérdida de la infante, que según sus parientes ocurrió después de haber sido entregada por las autoridades a un centro bajo custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
La abuela de la bebé, Mirian Cruz, expresó en una declaración pública llena de dolor que el padre, identificado como Juan Nicaury Graciano Cruz, junto a ella había solicitado en repetidas ocasiones la custodia temporal de la menor antes de que se tomara la decisión administrativa. La familia asegura que pidieron a la magistrada Angelina Santos que la niña no fuera remitida a CONANI hasta la celebración del juicio previsto para el día 20, solicitud que, según la abuela, fue rechazada.
«Nosotros fuimos, mi hijo y yo no descansamos, íbamos casi diario a la Fiscalía de Niños y Niñas y Adolescentes… le rogamos llorando de rodilla… entrégueme la niña a mí, por lo menos no la lleve a CONANI hasta que la niña, por lo menos hasta que llegue el día del juicio», declaró la abuela con evidente consternación. Según su testimonio, la menor “no debió estar en CONANI”, argumentando que ese centro no cuenta con condiciones adecuadas para atender a infantes de tan corta edad.
Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un pronunciamiento público sobre el caso. La familia espera los resultados de la autopsia oficial y solicita una investigación exhaustiva que examine la actuación de la magistrada y del personal del centro bajo custodia de CONANI que participó en el proceso.
De acuerdo con las declaraciones de la abuela, la comunidad donde reside la familia conoce al padre como un buen progenitor y rechaza la versión de que la madre estuviera en condiciones adecuadas para el cuidado de la bebé. Por esta razón, la familia insiste en que se investigue por qué se tomó la decisión de entregar a la menor sin realizar una evaluación más profunda de las circunstancias familiares.
La familia ha expresado de manera puntual sus solicitudes: la entrega completa y pública de los resultados de la autopsia oficial; la realización de una segunda autopsia financiada por los parientes; una investigación administrativa sobre la actuación de la magistrada Angelina Santos; y una aclaración pública por parte de la directora local de CONANI respecto al manejo del caso y a las decisiones tomadas durante el proceso.
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