El padre y la abuela de una niña de cuatro meses, identificada en vida como Jazlin Isabella Graciano de la Cruz, relataron cómo recibieron la noticia de la pérdida de la menor mientras se encontraba bajo la custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). Ambos manifestaron su profundo dolor y pidieron una investigación transparente sobre lo ocurrido, alegando posibles irregularidades en la gestión del caso.
El padre explicó que acudió al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes con la intención de realizar una videollamada con su hija. Sin embargo, al llegar, se encontró con una decisión inesperada sobre un cambio de custodia y con la presencia de alrededor de veinte miembros de la Policía junto a personal del Conani. Indicó que fue revisado y retenido en un cuarto junto a otras personas antes de recibir la noticia de que la niña había dejado de existir.
En su testimonio, el padre señaló directamente a la magistrada identificada como Angelina de los Santos y sostuvo que nunca se efectuó el levantamiento domiciliario previo al proceso de entrega de la menor. Explicó que, de acuerdo con la persona encargada de su cuidado, la causa de la pérdida habría sido una broncoaspiración posterior a la ingesta de leche. No obstante, mencionó que las versiones oficiales presentan contradicciones, pues le comunicaron dos horarios distintos del suceso: uno alrededor de las cuatro de la mañana y otro próximo a las nueve.
El padre añadió que las autoridades se negaron a facilitar videos o documentos que pudieran aclarar la secuencia de los hechos. La abuela de la niña respaldó la versión de su hijo y exigió respuestas concretas acerca del trato recibido por la menor mientras permaneció bajo custodia institucional. Ambos insistieron en que hubo negligencia en los procedimientos y solicitaron la realización de una segunda autopsia que permita establecer con precisión la causa real de la pérdida.
El caso refleja la preocupación de una familia que demanda claridad y responsabilidad institucional ante la pérdida de una bebé de apenas cuatro meses. En sus declaraciones, destacan las presuntas fallas en los protocolos de custodia y comunicación, que —según su relato— impidieron conocer oportunamente la verdadera situación de la menor mientras estaba bajo resguardo oficial.
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