Diario al Día, Distrito Nacional- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional autorizó nuevas diligencias técnicas dentro del proceso judicial relacionado con el colapso de la discoteca Jet Set, concediendo un plazo de 30 días hábiles para su ejecución.
La decisión fue emitida mediante un auto del juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, quien acogió parcialmente la petición de la defensa de los hermanos Espaillat para incorporar nuevos elementos probatorios al expediente.
El tribunal ordenó la intervención de un equipo de ingenieros especializados con el objetivo de evaluar las condiciones del concreto y del acero presentes en la estructura del inmueble siniestrado.
El análisis busca determinar si factores externos o de origen humano influyeron en el colapso, un punto central para establecer responsabilidades dentro del proceso judicial en desarrollo.
Entre las pruebas técnicas autorizadas figuran estudios de carbonatación del concreto y análisis petrográficos, junto con ensayos orientados a medir la resistencia de los materiales utilizados en la edificación.
También se incluyeron mediciones de corrosión en estructuras metálicas, pruebas de carga en vigas y exámenes microscópicos que permitirán una evaluación más detallada del estado físico del inmueble.
Estas diligencias deberán completarse dentro del plazo de 30 días hábiles establecido por el tribunal, período durante el cual la parte solicitante será responsable de ejecutar los estudios ordenados.
En la misma resolución, el juez ordenó al Ministerio Público remitir un teléfono celular modelo Galaxy A12 al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para la extracción completa de su contenido digital.
Este análisis forma parte de las pruebas requeridas en la fase preparatoria, donde se evalúan elementos que puedan aportar información relevante para el esclarecimiento del caso.
Sin embargo, el tribunal declaró inadmisible la solicitud de extracción de videos de cámaras de seguridad, al considerar que ese material ya había sido previamente depositado por el órgano acusador.
La resolución indicó que la petición carecía de objeto al existir esos archivos dentro del expediente, lo que eliminó la necesidad de una nueva intervención sobre ese contenido audiovisual.
Además, el tribunal acreditó a un consultor técnico propuesto por la defensa, quien tendrá la función de acompañar el desarrollo del proceso pericial durante esta etapa del caso.
El juez fundamentó las disposiciones en la garantía del derecho de defensa y el debido proceso, elementos esenciales en la evaluación de las pruebas antes de un eventual juicio de fondo.
La fase actual del proceso se centra en determinar la pertinencia y validez de los elementos incorporados, en un contexto donde las decisiones técnicas pueden incidir directamente en el rumbo del expediente.
Las diligencias ordenadas, incluyendo el peritaje estructural y el análisis del dispositivo móvil, deberán ejecutarse dentro del plazo establecido como parte de la fase preparatoria en curso.
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