San Cristóbal. – Un tribunal del distrito judicial de esta localidad impuso prisión preventiva como medida de coerción contra Rodolfo Antonio Ramírez Ramírez, alias el Barbero, imputado de causar la pérdida de la existencia de su pareja y posteriormente mutilar, incinerar y ocultar los restos. La decisión fue adoptada tras la valoración de las evidencias presentadas por el Ministerio Público, que vinculan al acusado con el hecho ocurrido en octubre de 2025.
La víctima, Lisset Melenciano Tejada, había sido reportada como no localizada por sus familiares el 7 de octubre, luego de que saliera de la residencia de su madre alrededor de las 9:00 de la mañana del 5 de octubre en dirección a la vivienda que compartía con el imputado en la comunidad Canastica, de San Cristóbal. A la fecha de la denuncia, su paradero era desconocido.

La solicitud de medida de coerción detalla que fueron halladas porciones del cuerpo, fragmentos óseos, pelvis, columna, dorso lumbar, tercio superior de ambos muslos, fragmentos de cráneo y parte de huesos largos, todos carbonizados, en un solar detrás de la residencia del imputado. El tiempo aproximado de la pérdida se estimó entre tres y cinco días previos al hallazgo.
Durante un allanamiento ejecutado en la vivienda de Ramírez, las autoridades encontraron en el patio una coa de hierro y un objeto afilado de aproximadamente 14 pulgadas de largo, de color blanco, presuntamente utilizada en el suceso. El Ministerio Público solicitó al Departamento de Serología Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) la realización de pruebas de ADN forense sobre los restos mutilados y carbonizados para compararlos con muestras de la madre de la víctima, así como la experticia de serología sobre manchas recolectadas con reactivo de luminol en la residencia del imputado. La Fiscalía de San Cristóbal permanece a la espera de los resultados.

Las fiscales Patricia Danilda Durán Valerio y Laura Cecilia Segura Cordero calificaron jurídicamente el caso bajo los artículos 295, 296, 297, 298, 302, 304 y 359 del Código Penal dominicano. En la audiencia, la fiscal litigante Fernelis Rodríguez presentó diversas evidencias que vinculan a Ramírez con los hechos.
El juez José Carlos Nina Arias ordenó el cumplimiento de la prisión preventiva en la cárcel pública de Baní, provincia Peravia, tomando en cuenta que el imputado tiene antecedentes de conducta reiterada en la comisión de ilícitos penales, incluyendo una medida de coerción previa impuesta el 5 de agosto de 2025 por infracción de artículos del Código Penal y la Ley 136-03, relacionada con una expareja y un menor de edad, quienes contaban con una orden de protección.
