Diario al Día, Santo Domingo- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el Ministerio Público avanza para que todos los implicados en el caso del Seguro Nacional de Salud enfrenten consecuencias legales.
La funcionaria negó de forma categórica que existan acuerdos ocultos, privilegios o tratos preferenciales a favor de los imputados en el expediente del Senasa investigado por autoridades.
Reynoso subrayó que el proceso se desarrolla con apego estricto a la legalidad y bajo estándares de total transparencia institucional del órgano persecutor del Estado dominicano.
La procuradora sostuvo que la investigación continúa abierta y activa, sin negociaciones paralelas, y que cada actuación responde a criterios técnicos, jurídicos y probatorios plenamente documentados.
Indicó que, debido a la complejidad del expediente y a la magnitud de los hechos investigados en Senasa, no se descarta que se produzcan nuevas actuaciones procesales.
En relación con alegatos sobre condiciones médicas de algunos imputados, la procuradora general aclaró que no existe ningún informe oficial sobre incapacidad para enfrentar el proceso judicial.
Reynoso fue enfática al señalar que quien tuvo condiciones físicas y mentales para afectar fondos públicos también debe tenerlas para responder ante la justicia dominicana.
Sobre las medidas de coerción dictadas por los tribunales, explicó que estas no constituyen sanciones ni penas anticipadas, sino instrumentos procesales destinados a garantizar el desarrollo efectivo.
Precisó además que el Ministerio Público no ha firmado acuerdos de culpabilidad ni ha otorgado criterios de oportunidad a ninguno de los diez procesados en el expediente.
La procuradora general destacó que el trabajo del equipo investigador fue reconocido por el propio tribunal, el cual valoró la solidez, coherencia y calidad técnica de la investigación.
Recordó que el caso Senasa tiene un impacto directo sobre más de siete millones de afiliados, cuyas coberturas y recursos forman parte esencial del sistema público de salud.
Reynoso sostuvo que los imputados no serán tratados como testigos ni colaboradores, sino como personas formalmente procesadas por acciones que afectaron de manera significativa al Estado dominicano.
Aseguró que el Ministerio Público mantiene el convencimiento absoluto de que los hechos investigados deben derivar en decisiones judiciales firmes dentro del debido proceso legal establecido.
El órgano acusador reiteró que la investigación continúa en curso, con diez imputados sometidos al proceso penal y con medidas de coerción vigentes dictadas por los tribunales competentes.