Diario al Día, Santo Domingo- El Ministerio Público colocó el caso Senasa en un punto de inflexión institucional al presentar una imputación calificada como de especial relevancia.
Wilson Camacho, procurador adjunto y director de Persecución, indicó que el juez describió los hechos como profundamente lesivos al interés colectivo y daño social excepcional.
Camacho explicó que el tribunal sostuvo que las acciones imputadas comprometieron recursos públicos y afectaron la protección de miles de afiliados del seguro estatal.
El proceso judicial se centra en una presunta estructura administrativa irregular que habría operado durante cuatro años en el Seguro Nacional de Salud.
El impacto económico de las acciones investigadas supera los 15,900 millones de pesos dentro del sistema de seguridad social del Estado dominicano.
Según el Ministerio Público, la estructura imputada habría utilizado su posición para redireccionar fondos destinados a servicios esenciales alterando procedimientos internos y controles.
El juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió la solicitud de medidas procesales y declaró el caso como complejo.
Como medida principal, el tribunal dispuso 18 meses de resguardo procesal para Santiago Hazim, exdirector del Senasa y principal imputado en el expediente.
Junto a Hazim quedaron sujetos a la misma medida Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.
A la lista se sumó Ada Ledesma Ubiera, quien igualmente deberá cumplir la disposición mientras avanza la investigación formal del Ministerio Público sobre la estructura.
Todos los imputados cumplirán la medida en los centros de custodia Najayo Hombres y Najayo Mujeres, ubicados en la provincia San Cristóbal, según lo establecido.
Durante sus declaraciones, Camacho subrayó que el juez utilizó términos poco habituales debido a la dimensión institucional del caso y sus efectos sostenidos en el tiempo.
El funcionario sostuvo que la decisión representa un precedente judicial relevante en procesos relacionados con la gestión de servicios sociales esenciales del Estado dominicano.
El Ministerio Público afirmó que continuará ampliando la investigación para establecer responsabilidades individuales y documentar el recorrido completo de los fondos cuestionados en el caso.
La audiencia concluyó entrada la noche del domingo tras varias horas de exposición de pruebas, argumentos legales y análisis de riesgos procesales presentados.
El tribunal dejó establecido que la medida adoptada busca garantizar la presencia de los imputados en el proceso y preservar la integridad de la investigación.
El expediente forma parte de una serie de casos de alto impacto que cursan en la jurisdicción penal del Distrito Nacional bajo seguimiento especializado actualmente.
Las autoridades no informaron nuevas fechas de audiencias, pero confirmaron que el proceso continuará bajo el estatus de caso complejo conforme a la legislación vigente.
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