Diario al Día, Santo Domingo- El Ministerio Público anunció que presentará próximamente la versión 2.0 de la Operación Cobra, ampliando el proceso SeNaSa con nuevos involucrados.
Wilson Camacho, procurador adjunto y director de Persecución, confirmó que la investigación se expande e incluirá personas físicas y jurídicas vinculadas al uso irregular de recursos.
El anuncio se produjo tras la imposición de medidas de coerción contra diez imputados, decisión calificada por Camacho como histórica para la autonomía institucional.
La fiscalía indicó que el proceso permanece abierto y que todas las personas relacionadas con el manejo irregular de fondos enfrentarán consecuencias judiciales.
“Nos aprestamos a hacer todo lo necesario”, afirmó Camacho al reiterar que la versión 2.0 será presentada con celeridad.
La medida fue conocida por el juez Rigoberto Sena Ferreras, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien validó la solidez del expediente presentado.
El magistrado describió los hechos imputados como extremadamente graves, señalando un impacto significativo en el sistema estatal y en la confianza ciudadana.
Como resultado, siete imputados recibieron 18 meses de prisión preventiva, mientras otros tres cumplirán arresto domiciliario con restricciones adicionales.
Las personas enviadas a Najayo incluyen a Santiago Marcelo Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud, señalado como principal implicado.
También fueron enviados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez.
Completan la lista Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, conforme a la disposición adoptada por el tribunal competente.
En arresto domiciliario quedaron Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Haidi Mariela Pinea Perdomo, con impedimento de salida del país.
Durante la audiencia, estos imputados alegaron presiones para realizar pagos no habituales, versión que será evaluada dentro del proceso.
El Ministerio Público sostiene que existía una estructura administrativa irregular operando dentro de SeNaSa.
La acusación describe aprobaciones indebidas, pagos improcedentes, uso de empresas relacionadas y desvío sistemático de recursos públicos.
Según la fiscalía, el perjuicio económico alcanza cifras millonarias y afectó la sostenibilidad del seguro estatal de salud.
Los recursos comprometidos estaban destinados a servicios médicos para afiliados en condiciones de mayor vulnerabilidad social.
Camacho reiteró que la investigación continuará ampliándose conforme surjan nuevas evidencias documentales y testimoniales verificables.
La Operación Cobra permanece abierta bajo análisis técnico de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Las autoridades confirmaron que nuevas imputaciones serán presentadas tras concluir las diligencias actualmente en curso.