Brasil, Río de Janeiro. — Un día después de la mayor operación policial registrada en el país, Brasil vive las consecuencias de una intervención sin precedentes en las favelas de Alemão y Penha, que dejó un total de 132 personas que ya no viven, entre ellas cuatro agentes policiales, según datos de la Defensoría Pública.
La acción, denominada “Contención”, tuvo como propósito debilitar la estructura del grupo Comando Vermelho, que mantiene influencia en extensas zonas del norte de Río de Janeiro. Las fuerzas de seguridad ingresaron a estos complejos con el objetivo de recuperar el control territorial y disminuir la actividad delictiva en áreas consideradas estratégicas para el tráfico de sustancias ilícitas.
De acuerdo con las autoridades estatales, el operativo concluyó con 113 detenciones, entre ellas 10 menores de edad, además del decomiso de 91 objetos de fuego y una cantidad considerable de materiales prohibidos cuyo detalle aún no ha sido especificado.
El gobernador Cláudio Castro, principal responsable de la intervención, sostuvo que la medida resultó necesaria para detener la expansión de las organizaciones delictivas. Destacó que el operativo fue planificado durante varias semanas y ejecutado por unidades de élite de la policía del estado. Castro, cercano al expresidente Jair Bolsonaro, defendió la acción como un paso indispensable en la lucha contra la delincuencia organizada.
Por su parte, el ministro de Justicia federal, Ricardo Lewandowski, señaló que el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva no fue informado de manera previa sobre la intervención, precisando que se trató de una decisión independiente del estado de Río de Janeiro.
Este operativo ha reavivado el debate sobre la actuación policial en la capital fluminense, superando incluso la cifra de la intervención en Carandiru en 1992, cuando 111 personas privadas de libertad dejaron de existir en São Paulo, hecho considerado hasta entonces el más grave en la historia de la seguridad pública brasileña.
En años recientes, los registros de 2021 y 2022 ya habían generado preocupación tras incursiones en Jacarezinho y Vila Cruzeiro, con 28 y 25 pérdidas respectivamente. Hasta el momento, no se ha divulgado la identidad de las personas que dejaron de vivir, por lo que se desconoce si todas tenían relación con el Comando Vermelho o si entre ellas había personas ajenas a la confrontación.
Tampoco se ha publicado la lista completa de los detenidos, lo que impide determinar el alcance real del operativo. Entre los capturados figura, según medios locales, Thiago “Belao” do Nascimento Mendes, señalado como colaborador directo de “Doca” Alves de Andrade, considerado líder del grupo en esa región. Este último habría logrado escapar, lo que mantiene activa la búsqueda en áreas periféricas de la ciudad.
La Fiscalía brasileña solicitó un informe detallado al gobernador Castro sobre los procedimientos aplicados, luego de que habitantes de las zonas afectadas denunciaran posibles irregularidades. A su vez, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió una investigación “inmediata y exhaustiva” para esclarecer los hechos y asegurar que la actuación policial se ajuste a los estándares legales.
Mientras Río intenta retomar la calma, las patrullas permanecen activas y la población se mantiene expectante ante la posibilidad de nuevos episodios relacionados con el Comando Vermelho. La sociedad brasileña observa con atención si esta intervención marcará un cambio decisivo o si abrirá un nuevo capítulo de tensión en los sectores más vulnerables de la metrópoli.