República Dominicana, Santo Domingo. — El regidor Edickson Herrera Silvestre y el general retirado William Durán Jerez admitieron su participación en una operación de traslado internacional de sustancias ilícitas y alcanzaron un acuerdo judicial con las autoridades de Estados Unidos, según documentos presentados en una corte del Distrito Sur de Florida. Ambos se declararon culpables del cargo de conspiración para transportar más de cinco kilogramos de cocaín hacia territorio estadounidense. Los cargos adicionales fueron retirados tras la firma del convenio de colaboración con los fiscales.
El acuerdo judicial establece que los implicados deben cooperar plenamente con el proceso, ofreciendo información, testimonio y pruebas cuando sean requeridos. Los documentos indican que deberán proporcionar datos veraces y completos, sin proteger a terceros mediante omisiones o falsedades, y participar en labores encubiertas bajo supervisión oficial si así se les solicita. Este compromiso incluye comparecer ante un gran jurado o cualquier instancia judicial, garantizando su colaboración en cada etapa del caso.
También figura en el expediente José Eduviges Aponte Torres, conocido como “Buby” o “Meano”, quien fue el primero en aceptar su responsabilidad y firmar el acuerdo con la Fiscalía el 18 de septiembre de 2025. Luego, el 24 de septiembre, Durán Jerez formalizó su colaboración, seguido de Herrera Silvestre, que rubricó el documento el 6 de octubre, acompañado de su abogado Kevin Conway y del fiscal Kevin Gerarde. Los tres fueron señalados en la acusación inicial, fechada el 5 de marzo del mismo año.
El expediente judicial describe que, entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, los tres se aliaron para adquirir cocaína en Sudamérica, trasladarla a la República Dominicana y enviarla posteriormente al sur de la Florida. Una vez comercializada, las ganancias eran remitidas de regreso al país caribeño para su distribución entre los miembros de la estructura. De acuerdo con los documentos, Herrera Silvestre, conocido como “Yeyea”, desempeñó tareas de planificación logística desde territorio dominicano y coordinó las operaciones junto a otros colaboradores.
Los acuerdos firmados ante la corte federal especifican que los imputados enfrentan penas que pueden variar entre diez años de reclusión y cadena perpetua, según la valoración final del juez sobre su nivel de cooperación. Las audiencias de lectura de sentencia fueron pautadas en distintas fechas: Aponte Torres será escuchado el 5 de diciembre de 2025, Durán Jerez el 11 de diciembre y Herrera Silvestre el 8 de enero de 2026, todos ante la misma jurisdicción. El tribunal considerará la colaboración de los acusados como elemento atenuante al momento de dictar la pena.
Herrera Silvestre, militante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), fue electo regidor en 2020 y reelecto en 2024, según los datos oficiales de la Junta Central Electoral. En septiembre de 2025, el Concejo de Regidores del Distrito Nacional ordenó su suspensión temporal luego de tres meses de ausencia en sus funciones municipales. El PRM, al conocer la acusación en abril de 2025, emitió un comunicado en el que sostuvo que todo miembro que infrinja las leyes “deberá asumir personalmente las consecuencias de sus actos”.
De acuerdo con los términos del convenio, los implicados permanecerán bajo custodia federal hasta la emisión de sus sentencias. Luego de cumplir sus condenas, podrían enfrentar un periodo mínimo de cinco años de supervisión judicial, prorrogable según la decisión del tribunal.
Los documentos destacan que la confesión de los tres procesados evitó la celebración de un juicio de fondo, ya que las pruebas, testimonios, registros financieros y comunicaciones intervenidas resultaban suficientes para establecer su responsabilidad. Con la firma de los acuerdos, el caso entra en su fase final, pendiente solo de la imposición de las sentencias que definirán las sanciones y compromisos futuros de cooperación ante la justicia estadounidense.