Diario al Día, San Cristóbal- Un tribunal de esta provincia dictó tres meses de prisión preventiva a Luis David Pichardo y Edwardo de la Cruz Heredia, implicados en un caso policial relevante.
Decisión judicial y contexto del proceso
Ambos ciudadanos, conocidos como “El Flaco” y “El Wa”, fueron señalados como presuntos responsables de la pérdida de existencia del sargento mayor Johan Féliz Montero.
La medida fue adoptada tras la solicitud del Ministerio Público, que presentó elementos considerados suficientes para vincular a los imputados con el hecho investigado por las autoridades competentes.
El tribunal valoró documentación, declaraciones y elementos procesales presentados en sala, decidiendo acoger la petición de la Fiscalía y ordenar la coerción correspondiente en este caso específico.
En una audiencia previa, el conocimiento de la medida había sido aplazado para garantizar debido proceso, debido a que los imputados no contaban con representación legal adecuada.
Detalles ofrecidos por representantes legales
La información fue confirmada por la licenciada Eva García, representante de la familia afectada, quien explicó que existe confianza en que la investigación avanzará dentro del marco legal previsto.
García precisó que Pichardo y De la Cruz deberán cumplir los tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, mientras la Fiscalía continúa las diligencias necesarias.
La abogada agregó que la medida impuesta representa un paso procesal importante, aunque destacó que la familia espera una investigación completa que permita claridad total sobre el suceso.
- Medida de coerción acogida por juez natural
- Solicitud formulada por Ministerio Público
- Representación legal activa de la familia
Presencia de familiares y reclamo de esclarecimiento
Durante la audiencia se presentaron familiares del sargento que quedó sin existencia, quienes llegaron al Palacio de Justicia reiterando su reclamo de justicia y esclarecimiento total.
Los parientes manifestaron que confían en las instituciones, pero pidieron que el proceso avance con firmeza, ya que el hecho ha generado un impacto emocional considerable en el núcleo familiar.
Los familiares destacaron que su presencia en la sede judicial busca respaldar el trabajo de los abogados y vigilar que se respeten los plazos y mecanismos procesales establecidos en la ley.
Este caso ha generado interés público debido a la condición de miembro policial del afectado, lo que ha motivado seguimiento ciudadano y cobertura informativa continua en medios locales.
Tras concluir la audiencia, las autoridades indicaron que el expediente continuará su curso ordinario, incluyendo entrevistas, peritajes y análisis técnicos que sostendrán la acusación en fase posterior.
Se espera que al culminar los tres meses de medida coercitiva, el Ministerio Público presente avances concretos, lo que permitirá definir acusación formal o plantear otras decisiones procesales.
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