El mandatario Luis Abinader ha tomado medidas gubernamentales que ha dejado sin efecto al revisar el rechazo de los habitante.
El mandatario Luis Abinader no ha escatimado esfuerzos para dejar sin impacto medidas a tomar que resultan impopulares.
A partir de el principio de su gestión, el gobierno de Luis Abinader se vio en la necesidad de “echar para atrás” posiciones que han creado un enorme revuelo en la población y en su propio partido.
En las últimas semanas no fueron la excepción
La más nueva de ellas se produjo por la resolución del Ministerio de Acción Pública (MAP) y la Dirección Gral. de Presupuesto (Digepres) que restringe el ingreso o movimientos de personal. Así como, reajustes salariales que constituyan incrementos en el renglón de remuneraciones en las instituciones que conforman la acción pública.
La comunicación instituye que el cumplimiento de la regla se realizará salvo esos entes u órganos que, por su naturaleza, lo ameriten, y que cuenten con la debida autorización tanto del MAP como de la Digepres.
Dicha disposición produjo una secuencia de reclamos y quejas, primordialmente por parte de los miembros de las bases del Partido Revolucionario Nuevo (PRM) que todavía permanecen a la espera de ingresar al tren del gobierno. Justo al día siguiente el titular del MAP, Darío Castillo Lugo, tuvo que mandar un archivo a los medios de comunicación para “aclarar” que la circular no limita los nombramientos si son para cubrir vacantes o reemplazar personal activo.
El ministro describió que no está restringido el ingreso otra vez personal a la gestión pública bajo aquellas condiciones pues dichos estarían integrados en el presupuesto vigente y no representarían incrementos en el reglón de remuneraciones.
Tampoco se limita el ingreso otra vez personal a los órganos y entes de la acción pública que tengan planificada la instalación y abertura de novedosas oficinas, sucursales o dependencias.
Las tarifas eléctricas
Aquellas situaciones ocurrían casi al unísono con las quejas en los medios por el incremento de las tarifas y las facturas eléctricas.
Los apagones, se había convertido en el primordial dolor de cabeza gubernamental. Gracias a los reclamos, Abinader manifestó frente a diversos reporteros que el gobierno había definido “detener próximas alzas de la tarifa eléctrica hasta que cambien las situaciones económicas en la República Dominicana”.
El retiramiento del plan ciberdelincuencia
Unas semanas previamente, alrededor del mes de junio, el líder del Estado instruyó el retiramiento del Congreso Nacional del plan de ley contra la ciberdelincuencia. Esta Ley que podría sancionar a un habitante con hasta 4 años de prisión por publicaciones discriminatorias.
Por instrucción del mandatario de la República estoy procediendo a retirar de la Cámara de Diputados el plan de ley contra la ciberdelincuencia para facilitar el trabajo que llevará a cabo la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de legislación sobre libertad de expresión
Fideicomiso de Punta Catalina
El 11 de enero de este año, la Cámara de Diputados aprobó un fideicomiso para la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) el cual fue depositado por el Poder Ejecutivo unas semanas previamente.
El mismo tenía que ver con un fideicomiso público incluido por 2 instituciones del Estado Dominicano: la Fiduciaria Banreservas y la Corporación Dominicana de Organizaciones Eléctrica Del Estado (CDEEE).
De acuerdo con la carta de motivación remitida por el mandatario al Congreso, el objetivo del fideicomiso CTPC se basa en la construcción de una composición de administración libre para la gestión del patrimonio fideicomitido con el objetivo de “asegurar la operación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina”.
Rápido, las críticas a partir de diversos sectores de la sociedad no se hicieron aguardar y a lo largo de los dimes y diretes entre el oficialismo y la oposición, el 30 de enero Abinader hizo saber que solicitaba al Congreso aplazar la aprobación del contrato de fideicomiso. Hasta tanto el Consejo Económico y Social (CES) reciba las opiniones de quienes quieran dar “para buscar el mecanismo más apropiado y transparente en el funcionamiento y preservación de las termoeléctricas”.
El contrato ha sido depositado en los primeros días del mes de febrero a las autoridades del CES y 2 meses luego abrieron el proceso de consultas públicas, que es el estado donde está hoy.
