Esta presunta coalición de burócratas, habría llevado a cabo “maniobras fraudulentas”. Esto, para violar leyes en beneficio propio y del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez
El detalle de lo cual hizo cada acusado del caso en Medusa para «desfalcar el Estado», según los fiscales
Burócratas implicados en la situación Medusa
Bastante más de 12,000 páginas son las que registran los señalamientos del Ministerio Público contra 41 personas físicas y jurídicas y 22 organizaciones imputadas en el caso Medusa. Que a fin de “concertar estafar al Estado dominicano” se asociaron, de forma directa, en la Procuraduría Gral. de la República (PGR), según instituye el archivo.
Esta presunta coalición de burócratas, habría llevado a cabo “maniobras fraudulentas”, para violar leyes en beneficio propio y del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez. Utilizando para esos vehículos societarios, personas de confianza, prestanombres y testaferros.
Esta presunta coalición de burócratas, habría llevado a cabo “maniobras fraudulentas”, para violar leyes en beneficio propio y del exprocurador general de la República
Jean Alain Rodríguez
Debido a lo cual, Jean Alain figura como el primordial acusado. Es señalado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por cometer ocupaciones criminales en contra del patrimonio público. Especialmente de los fondos indicados a la PGR, al asociarse con otros burócratas públicos, contratistas y empresarios, para recibir “enormes” porciones de dinero perteneciente de sobornos.
Asimismo, se le adjudican actos fraudulentos para influir y desfalcar al Estado por medio del desvío de fondos que engrosaron su patrimonio y sirvieron para el financiamiento ilícito de campañas políticas.
Jonnathan Rodríguez Imbert
Es imputado de hacer maniobras fraudulentas para manipular los procesos de contrataciones y servicios solicitados por la Procuraduría.
Por sus actividades ilícitas, Rodríguez Imbert recibía beneficios económicos para sí mismo y la composición criminal.
Alfredo Solano Augusto
Al igual que Rodríguez Imbert, el acusado Alfredo Alexander Solano Augusto además ostentaba cargos de relevancia en el sector financiera de la PGR a lo largo de la gestión de Jean Alain. Subdirector del departamento, en su caso, y es descrito en el expediente como una pieza “esencial” de esta composición criminal.
Conforme el informe jurídico, Solano Augusto, “persona de total confianza del coacusado Jean Alain”, se adjudicaba a él mismo, mediante terceros, contratos de bienes y servicios en la PGR.
Altagracia Guillen
En la lista de supuestos burocratas relacionados además figura Altagracia Guillen Calzado, una de las 9 damas del expediente. Esta era una especie de intermediaria que presentaba personas a la composición criminal para que fueran potenciales oferentes en los procesos de compra que se realizaban en la Procuraduría.
A partir de su postura de coordinadora del departamento administrativo y financiero, facilitó el desarrollo de las estafas al fisco desviando y apropiándose de materiales y fondos públicos para beneficio propio, apunta el MP.
Jenny Marte Peña
En la situación de Jenny Marte Peña, quien era delegada de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Humanización del Sistema Penitenciario, era, conforme con la queja, la responsable de ejercer presiones a los contratistas con la intención de que dichos pagaran los sobornos prometidos a la composición corrupta.
Para eso abultaba, inclusive, las cubicaciones para lograr tener más grandes beneficios.
Javier Forteza Ibarra
El conjunto de burócratas acusados además está formado por exempleados del departamento de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), como es la situación de Javier Antonio Forteza Ibarra, director del área.
Era Forteza Ibarra el delegado de la parte operativa y tecnológica de la composición criminal. Quien por medio del borrado, variación de datos y sabotaje elimina “todas las huellas” de los hechos ilícitos realizados por el entramado.
Rafael Mercedes Marte
Asimismo, el Ministerio Público imputa a Rafael Antonio Mercedes Marte, contador de profesión y individuo obligado no financiero, por calcular, recoger, mover, regir y transferir el dinero del soborno cobrado en nombre de los burocratas Jean Alain, Rodríguez Imbert, Solano Augusto, Guillén Calzado y Marte Peña, como parte del soborno para beneficio de la composición y del Desplazamiento Político Renovación.
Se le acusa, por consiguiente, de cometer actos de corrupción, soborno, prevaricación y lavado de activos.
Miguel José Moya
En interacción a Miguel José Moya, es descrito como otro de los individuos de confianza, y fungía como distribuidor de servicios de la Procuraduría.
Su funcionalidad primordial, según la queja formal del caso, era subir la imagen personal de Jean Alain Rodríguez y sus pretensiones políticas.
Para disfrazar su tarea, José Moya realizaba jornadas de capacitación y desarrollo del personal de la Procuraduría. Con sus ocupaciones estafó al Estado y participó en actividades propias del lavado de activos.
Sara María Fernández
José Moya es marido de Sara María Fernández, con quien comparte presencia en el expediente. Al lado de quien, presuntamente, actuó en complicidad para incorporar facturas con contenido falso y de esta forma estafar las arcas del Estado.
Braulio Batista Barias
En tanto, los hechos que se le adjudican al además imputado Braulio Michael Batista Barias son la coalición para cometer actos de corrupción, realizando uso, para su beneficio personal o de terceros de bienes muebles e inmuebles de lujo, secuestrados o incautados por la Procuraduría.
Batista Barias, quien era supervisor de la Unidad de Bienes Incautados de la PGR, asignaba bienes bajo su tutela a personas claves de la composición con el fin de ser utilizados en la campaña política y para beneficio personal, “todo esto sin autorización, incumpliendo los métodos y sin dejar registro”.
Alejandro Rosa Llanes
En las maniobras fraudulentas en relación con los bienes decomisados por la PGR además se apunta a Alejandro Martín Rosa Llanes. Quien en sus supuestas funcionalidades poseía la comercialización de lo decomisado, actividad que efectuaba en violación a las posiciones legales.
Los bienes eran vendidos a personas asociadas a la composición, y para eso cometió actos de corrupción, soborno, prevaricación y estafa.
Ramón Burgos Acosta
El archivo expone que diversos de los acusados eran las primordiales autoridades de diferentes direcciones de la Procuraduría.
Burgos Acosta, en teoría, participaba en el desplazamiento político renovación y a lo largo de su coalición con el entramado incurrió en delitos de corrupción, soborno, prevaricación, lavado de activos.
Johannatan Medina Reyes
Los crímenes anteriormente mencionados además recaen sobre Johannatan Loanders Medina Reyes, responsable de la “materialización de las maniobras fraudulentas” en los procesos de compra y contrataciones hechos por la Procuraduría.
Su objetivo era favorecer a los individuos antes seleccionadas y de esta forma asegurar la recepción de los sobornos.
Isis Tapia Steffani
Isis Tapia Steffani es otra de las imputadas y, de consenso con el MP, su papel era la ejecución de contratos ficticios. Como integrante del comité de compras aceptaba como ciertos hechos erróneos y fraudulentos necesarios para la ejecución de los pagos a los suplidores y contratistas seleccionados de los procesos de compras amañados.
Del mismo modo, la en aquel instante delegada del departamento legal del área administrativa participó en la contratación de personal pagado por la Procuraduría, empero que “nunca” prestaron servicios reales a la organización.
Félix Rosario Labrada
Félix Antonio Rosario Labrada ha sido otra de las partes para las maniobras de manipular los procesos de contrataciones y servicios.
Rosario Labrada fungía como delegado de la oficina de ingreso a la información y era integrante del comité de compras.
Francis Ramírez Moreno
Otro de los 41 acusados es Francis Ramírez Moreno, quien era analista de compras y se le atañe el falseamiento y variación de documentos.
Rolando Rafael Sebelén Torres
Referente a Rolando Rafael Sebelén Torres, dicho anteriormente, se trata del cuñado de Jean Alain. Valiéndose de dicha relación, manipuló los procesos de licitación para la compra de alimentos e insumos para las cárceles.
Asimismo, se le implica de formar y guiar un entramado societario al lado de los coacusados
José Miguel Estrada Jackson y César Nicolas Rizik Pimentel. Con el propósito de estafar al Estado y contribuir con el enriquecimiento ilícito del entonces procurador.
Unidos, manipularon procesos de compra, alteraron y falsificaron documentos, hicieron uso de documentos erróneos. Así como el falseamiento de sellos, firmas y conduces, entregaron sobornos y lavaron dinero.
Otros burócratas
Mercedes Salcedo Disla y Carolina Pimentel
Referente a las irregularidades en la recepción de alimentos y productos en los centros penitenciarios, las burócratas Mercedes Camelia Salcedo Disla, coordinadora administrativa y financiera del nuevo modelo penitenciario, y Carolina Pimentel Bonifacio eran parte de la “estructura criminal” gestada ahí.
Persona de total confianza de los acusados Johannatan Loanders Medina Reyes y Jonnathan Joel Rodríguez. Teniendo en sus funcionalidades las maniobras fraudulentas realizadas a fin de favorecer a un conjunto de organizaciones. Asociadas cada una de forma directa al coacusado Rolando Rafael Sebelen Torres, cuñado del además imputado Jean Alain Rodríguez Sánchez, expone el MP sobre Salcedo Disla.
Un argumento semejante explica a Pimentel Bonifacio, quien recibía de manera conveniente productos de mala calidad en detrimento a la oferta inicial. Y al costo pagado por la Procuraduría para los centros penitenciarios.
Se les acusa de la adulteración de sellos, firmas y conduces, entre otras ocupaciones.
José Miguel Estrada Jackson y César Nicolas Rizik Pimentel
Los burócratas José Miguel Estrada Jackson y César Nicolas Rizik Pimentel. Son 2 de los que además participaron en amañar los procesos de licitación para la compra de alimentos e insumos para las cárceles.
De manera, al igual que Sebelén Torres se involucraron en variar procesos de compra, suministraron productos de menor calidad y proporción de la contratada. Además, alteraron y falsificaron documentos, hicieron uso de documentos erróneos, así como la adulteración de otros.
