Las cuentas del Ministerio de Educación fueron embargadas por un monto de 950 millones de pesos. Por incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre del 2014. Esta sentencia , ordenó abonar incentivos laborales a técnicos de dicha organización, basándose en la evaluación de manejo del año 2012.
El embargo retentivo al Ministerio de Educación ha sido trabado en las cuentas del Banco de Reservas y la Tesorería Nacional. También, en el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto. Con la intención de que inhabiliten la suma adeudada a los técnicos, para asegurar los cobros.
Los técnicos además presentaron una demanda en responsabilidad patrimonial frente a el Tribunal Preeminente Administrativo (TSA), en contra del ministerio de Educación y de su titular, Roberto Fulcar, y del Estado dominicano, en procura de que le sean resarcidos los perjuicios y males que se les ha provocado por el desacato del fallo.
Con la sentencia TC-0415-16, emitida por el Tribunal Constitucional el 13 de septiembre de 2016, os técnicos fueron favorecidos.
Conciliación luego de la sentencia
Después, frente a las gestiones llevadas a cabo frente a la Unidad de Ejecución de Sentencias del TC, ha sido designado al juez Miguel Valera Montero, como conciliador, logrando acordar un convenio transaccional por medio de el cual el Ministerio de Educación se comprometió a erogar los recursos, ascendente a bastante más de 1,600 millones de pesos.
El Ministerio de Enseñanza suscribió el 24 de mayo del 2022 el certificado de conciliación número 0004-2022, que homologó el contrato transaccional número 0282, suscrito con los técnicos de educación.
Por medio de aquel consenso, el Ministerio de Educación se comprometió a pagarle el 50 por ciento el 30 de julio del 2022, lo que no ocurrió. Las ocupaciones legales fueron presentadas por los técnicos por medio de los abogados Wilson Tolentino, Mayor Calzado y Caonabo Martínez. Asimismo, anunciadas en rueda de prensa con la colaboración de diversos técnicos.
Dificultades
“Nos sentimos mal y deseamos que el incumbente de Educación resuelva este tema”, manifestó Francisco Javier Álvarez, quien habló en representación de los técnicos. Sostuvo que se sienten desesperados por la tardanza en cobrar los incentivos laborales que le corresponden y que le ha sido ordenado a Educación por medio de sentencia.
El jurista Tolentino precisó que a cada técnico le corresponde entre 450,000 a 700,000 pesos. Hizo un llamado a las autoridades de Educación a que respeten la ley y las elecciones del Tribunal Constitucional. Manifestó que hay técnicos enfermos y poseen enormes carencias.
Señaló que lo cual permanecen reclamando no es una dádiva, sino un crédito gremial. Comentó que el ministerio de Educación ha hecho caso omiso a la palabra empeñada, al no cumplir el consenso.
De su lado, el jurista Máximo Calzado deploró la tardanza del Ministerio de Educación en realizar el fallo del TC. Indicó que hicieron ingentes esfuerzos por solucionar este asunto a partir del año 2016.
