Siguen sumando nombres al caso Medusa, en el cual se encuentra involucrado quien fue procurador de la república, Jean Alain Rodríguez. Momentos previos al vencimiento del plazo pactado para realizar la presentación donde se acusaría a los implicados para el Caso Medusa gracias al Ministerio Público, se agregaron nuevos imputados, una cantidad de 20 empresas y se lograron recaudar una cantidad mayor a 3000 pruebas, lo cual puede llegar a ser lo suficientemente contundente en el caso.
Con un total de 35 imputados nuevos en la presentación de acusación, el expediente fue introducido por la procuradora de la corte, Luiz Liranzo, perteneciente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la corrupción administrativa, o mejor conocido por sus ciclas como PEPCA la noche del sábado 02 cuando transcurrían las 11:42, en compañía de un equipo de fiscales pertenecientes al departamento.
Alaín Rodríguez, quien desempeñó en el país como procurador general de la república, en el periodo de 2016 a 2020, se encuentra involucrado y como cabeza de este caso, en el cual se le están imputando caso como lavado de activos, estafa al estado, entre otros. Su imagen se ha visto fuertemente afectada después de haber salido la primera acusación, puesto que toda su campaña se había basado en el desarrollo de estructuras y crecimiento para el país.
Se conoció que en este caso, el expediente debió ser protegido bajo llave en el despacho perteneciente a un Juez que hace parte del juzgado de Atención Permanente, quien en este proceso, ejerce como transitorio, esto porque es Kenya Romero, la jueza encargada de terminar de adjudicar el caso a un tribunal.
En parte de las acusaciones, se encuentra el relato de un ingeniero, cuyo nombre se mantiene sin identificar, quien bajo sus propias palabras explico muchos detalles implicados en los procesos de los lotes de construcción en lo que fue uno de los planes de Alain Rodríguez el “Plan de Humanización” que para recordar, tenía como intención principal, el mejorar las estructuras de algunas instituciones, hacer equipamiento necesario, y en otros casos, levantar nuevas estructuras, esto con el fin de una mejor condición para los implicados.
Sin embargo, a pesar de haber presentado el plan y contar con el presupuesto necesario para llevarlo a cabo, ninguna de estas obras fueron materializadas y en los últimos días se conoció oficialmente la cantidad total de dinero cuyo destino no llegó a su fin. El ingeniero también reveló detalles como la extorsión para las empresas, la cual alcanzaba aproximadamente un total del 20% del presupuesto para la construcción de la Nuestra Victoria.
Canó también fuertemente involucrado con los contratistas
Recordemos que quien fue jefe de gabinete en la Procuraduría, actualmente se encuentra detenido en el país de España, y esperando la aprobación de proceso para la extradición a República Dominicana. Canó deseaba que el pago fuera realizado del primer desembolso.
Según la declaración del ingeniero, luego de todo Canó no quería tener ningún tipo de relación con los contratistas. Luego de que estos mismos, le pidieran al exjefe de gabinete la intercepción en el caso, este procedió a hablar con Jonathan Rodríguez Imbert, quien para entonces ejercía como director administrativo, puesto que ya Canó no quería darle frente a ningún contratista.
Se añade en el relato que, para el momento, se había buscado la forma de hablar con los contratistas de manera individual, para de alguna manera flexibilizar los pagos. Luego de llegar a un acuerdo para lo que él opina, era una extorsión, se procedió a realizar el pago de lo acordado tras haber negociado uno a uno con cada contratista.
La cárcel de navarro, es el sitio donde se encuentra actualmente recluido, quien fue jefe de cabinete de la procuraduría, para el periodo 2016 a 2020. Se le acusa de haber participado, en la red de corrupción junto con Alain Rodríguez, desde la Procuradora del país, habiendo hecho uso para sus intereses de un capital aproximado de 6 mil millones de pesos.
Existen muchos otros implicados en el caso, la lista es bastante larga, y alguno de ellos ya se encuentran detenidos en prisión. Otros, como lo es el exasesor Miguel Jose Moya, logro la petición de una garantía a través del pago de la suma de un millón de pesos, a forma de contrato. El contrato es con una compañía aseguradora, la cual le da impedimento de alguna posible salida del país y con una constante presentación ante las autoridades.
Todo esto, gracias a la importación conocida a la Cámara de Cuentas, tras una auditoría revelada el pasado 28 de junio, en el que se señala como principal culpable a Jean Alain Rodríguez por su gestión realizada en la procuraduría durante el período de 2016 a 2020, en el cual fueron encontradas, diversas irregularidades, un gran número de violaciones legales y otra cantidad de actos ilícitos bajo contratos para obras públicas que alcanzaron una cifra superior a los 4 mil millones de pesos.
Entre las irregularidades detectadas en dicha auditoria se conoció pago bajo contrato por la cantidad de 403 millones de pesos, a quien para entonces fue una empleada perteneciente al Ministerio de la Presidencia, sin algún tipo de justificación. También había estado reflejado un pago por la cantidad de 600 millones de pesos, los mismos sin algún tipo de justificación, ni contrato o alguna póliza de garantía.
