Con el fin de evitar, en lo posible, cualquier tipo cargos legales o inclusive, acabar en la cárcel, muchos de los implicados dentro del caso medusa, incluyendo a las empresas involucradas con contratos, han decidido brindar colaboración, con la información y admisión de los hechos a tal punto, de terminar entregando los bienes obtenidos.
Se ha conocido que gracias a esta colaboración, en donde se ha logrado devolver, de manera voluntaria, parte de los bienes implicados en el caso medusa, el Ministerio Público ha podido recuperar una suma aproximada a los 800 millones de pesos, dinero el cual había sido sustraído de manera ilícita por toda la red medusa, encabezada por el exprocurador Jean Alain Rodríguez.
En relación con las acusaciones emitidas para con el caso medusa, la PEPCA ha logrado desarrollar un trabajo de instigación lo suficientemente sólido, en el cual se ha logrado armar todo una lista que incluye 40 personas y 22 empresas, todos directamente involucrados en el caso y por ende, acusados legalmente.
Existe un número de personas y entidades, que no están reflejadas dentro de la acusación para el caso medusa como imputados, sino como personas y entidades que llegaron a un acuerdo con la procuraduría, puesto que brindaron información que ha sido relevante en todo el caso.
El caso de la red medusa, ha sido, en comparación, el que más colaboración y delatores ha tenido en toda la historia de República Dominicana.
Uno de los que, hasta ahora, ha sido grandemente beneficiado por sus declaraciones, ha sido Rafael Canó, quien se ha prestado a colaborar con documentos y relatos informativos, que han sido de gran importancia para el respaldo de las acusaciones. Todo esto con la finalidad de no terminar siendo imputado.
Anton Casasnovas Nolascos quien fue contratado por Jean Alain Rodríguez, ha sido clave como testigo, puesto que desde el primer momento ha brindado la colaboración requerida por las autoridades para la construcción del caso.
El gran expediente del caso, cuenta con un total de 12,274 páginas, en las cuales se han suministrado una cantidad alrededor de las 3,500 pruebas y han dejado plasmados a más de 400 testigos que con sus declaraciones han fortalecido el caso.
¿Quiénes son los nuevos acusados?
Gracias a fuentes oficiales, se ha podido dar a conocer los nombres de las nuevas personalidades involucradas dentro del caso medusa, las cuales son:
Cesarion Morel, Sara Fernández, Braulio Michael Batista, Alejandro Martín Rosa, Ramón Burgos, Jonathan Medina, Ysis Tapia, Félix Rosario, Mercedes Salcedo, Carolina Pimentel, José Macarrulla, Francis Ramírez, Rolando Sebelén, José Estrada, César Nicolás Rizik, Reynaldo Santos, Hilda Cristina Jackson, Juan Asael Martínez, Giselle del Carmen Molano, José Liriano, Daniel Enrique Feliz, Francisco Santos, Rosanna Vianela Pimentel, Fausto Cáceres, Francisco Vásquez, Carlos Guzmán, José Alberto Abbot, Rafael Salvador Rasuk, Sean Hudson Dwiggins, Ricardo Carrasquero y José Santana Julián.
Después de haber sido prófugo de la justicia, Rafael Canó se ha convertido en un testigo clave
Las acusaciones que se han realizado dentro del expediente en el caso medusa, ha mostrado como Rafael Stefano Canó, se ha convertido en un testigo clave para el Ministerio Público, con el cual han podido proceder con la recopilación de datos necesarios para lograr asi comprobar los actos ilegales cometidos supuestamente dentro de la procuraduría, por quien para entonces era responsable, Jean Alain Rodríguez.
Todo partió desde la iniciativa de Rafael Canó en su deseo de colaborar con la única intención de, a cambio, lograr librarse de los cargos que se le imputaban y así, quedar fuera del expediente, cosa que, hasta ahora, se conoce que se le ha cumplido tal cual.
En las declaraciones, se conoció que Canó habría tomado como ventaja la posición que se le otorgaba como jefe de gabinete para obtener beneficios para quien entonces fue su socio, Daniel Elías Manzur Báez, a través de la empresa que manejaba Soluciones Integradas Mazúr Báez, EIRL.
El modo de operar de Canó, era a través de la emisión de órdenes con la finalidad de que la procuraduría aprobara la compra y obtener así las sumas millonarias de pesos estipuladas.
Una testigo, en sus declaraciones, reveló que la empresa de Manzur en ningún momento había prestado algún tipo de servicio, pero, por el contrario, habría cobrado sumas de 50.000.000 de pesos aproximadamente en reiteradas oportunidades, puesto que se le había obligado a repetir el pago hasta en cuatro oportunidades, siempre con un pretexto diferente.
Se ha respaldado las acusaciones de Canó las cuales tienen efecto e incidencia por la información relevante sobre el manejo y selectividad de las empresas que utilizaron como un medio para poder cometer actos ilícitos.
