Han pasado 409 días desde el momento en el que Jean Alaín Rodríguez, exprocurador, fuera detenido en la Procuraduría General de la República, lo que habría sido, los primeros pasos considerados por parte del Ministerio Público, en la llamada Operación Medusa y desde entonces, es hoy viernes 12 de agosto que se presenta el caso de manera formal ante un tribunal, el cual tendrá la responsabilidad de tomar la decisión, sobre la fidelidad o no, de la investigación que se ha realizado en contra del exprocurador.

La audiencia fue pactada para las 9:00 de la mañana de este viernes, ha sido llevada a cabo bajo las órdenes del juez Amauri Martínez, quien pertenece al Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien hará el uso de la sala de Corte de Apelación Civil y Comercial, perteneciente al Centro de los Héroes, para hacer la respectiva evaluación del expediente que contiene un número mayor de 60 acusados y una redacción que ocupa más de 12.000 páginas.

Jean Alaín Rodríguez, en este caso, es la principal figura dentro del amplio expediente en el cual se le incluye, junto a 63 personas físicas y jurídicas, los cargos de estafa en contra del estado, la falsificación de documentos para beneficios personales, lavado de activos, cobro de sobornos y participación acordada con funcionarios públicos.

Wilson Camacho ha informado por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, que se trata del descubrimiento de una organización dedicada a la corrupción, la cual entre sus actos supera los 1,000 millones de pesos adquiridos de sobornos, y que es un hecho que ha generado mucho de que hablar, puesto que no tiene un precedente dentro de República Dominicana.

Todo el proceso señalado tuvo origen dentro de la Procuraduría General, durante la gestión llevada por Jean Alaín Rodríguez, al que se le señala, principalmente, de alterar los procesos de fondos destinados para el Plan de Humanización Penitenciario, para lograr así obtener un sin fin de beneficios personales, así como también su influencia en las finanzas pertenecientes a la Procuraduría.

Para lograr estos objetivos, tuvo la asociación de la mano de personas que trabajaban en entidades como el Ministerio Público, colaboración de sus familiares y de personas pertenecientes a la industria empresarial.

Para la fecha del 13 de junio de 2021, el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, habría aprobado la solicitud de brindar prisión preventiva por un lapso de 18 meses en contra del exprocurador y varias de las personas que se encontraban señaladas en el caso como colaboradores. Esta medida fue tomada, puesto que el caso de corrupción fue considerado de magnitud compleja.

Los hechos presentados para la imputación

Es importante señalar, que la organización criminal, logró establecer un funcionamiento interno, que lo llevo a realizar múltiples sobornos, extorsiones, chantajes y todo esto acompañado también de amenazas de gran magnitud, para poder obtener los pagos de los contratos generados y así, poder adquirir más de mil millones de pesos.

Estas fueron partes de las imputaciones impuestas por el Ministerio Público en el extenso expediente, en el cual, también se le añade a la organización, el haber malversado una suma que supera los dos mil millones de pesos, en pagos a proveedores de alimentos, que tenían como finalidad, un fraude financiero.

Esta situación afecta de gran forma a diversos centros penitenciarios, puesto que recibían comida en mal estado, en la mayoría de los casos, incompleta a la solicitud de alimentos realizada.

En el expediente también se acara que el exprocurador, aprovechaba los fondos destinados para la Procuraduría, en beneficio personal, como por ejemplo, la compra de vuelos y viajes para uso particular.

A su vez, estos fondos también fueron utilizados para la contratación de asesores de comunicación tanto nacionales como extranjeros, con la intención de llevar la organización de un proyecto político ideado por el exprocurador.

Por otra parte, el Ministerio Público señaló en el informe, la falsificación de documentos para gestiones personales y a su vez, la destrucción de documentos dentro de la Procuraduría General, causando daños irreparables.

Jean Alaín Rodríguez, a trabes de su equipo de defensa, ha dado las declaraciones fijas de ser totalmente inocente de toda aquella acusación que se le imputan, y al mismo tiempo aclaró que el expediente, en su contra, se basa en declaraciones que no tienen un gran sustento de pruebas.

Recordemos que el expediente de acusación cuenta con un número mayor a 3,500 pruebas en contra del exprocurador y sus aliados y a esto, le han sumado, un número mayo a 400 testigos.