En la audiencia preliminar que se llevó a cabo este viernes 12 de agosto desde las 9:00 de la mañana en el salón especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fueron un total de 8 los acusados que no recibieron ningún tipo de notificación para su asistencia en dicha audiencia.
Dentro de los acusados que no fueron notificados, se encuentran tanto personas naturales, como también empresas señaladas.
Sin embargo, a pesar de no haber recibido ningún tipo de notificación, fueron varios los usuarios imputados o en algunos casos, sus representantes los que se encargaron de dirigirse igualmente a la audiencia para hacer acto de presencia, tras haberse enterado por los medios de comunicación.
Después de haber recibido las calidades provenientes de acusados y sus abogados, el juez que lleva a cabo el proceso, Amaurys Martínez, se encargó de otorgar un lapso de tiempo, de unos cuantos minutos, para que todos los imputados pudieran organizar de forma correcta, las solicitudes que posterioremente serian entregadas al tribunal.
Recordamos que la acusación presentada tiene un total de 12,264 páginas en la cual es la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, quien se encarga de acusar a la organización criminal encabezada por funcionarios, por malversar fondos, con la intención de realizar estafas contra el estado. El informe también cuenta con señalamientos por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología, sumados al lavado de activos y falsificación de documentos.
De momento, el principal señalado, Jean Alaín Rodríguez, se encuentra cumpliendo prisión preventiva, acompañado del exdirector de Tecnología del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, el exdirector administrativo Jonathan Joel Rodríguez y quien estuvo a cargo de la subdirección administrativa durante dicha gestión. Alfredo Alexander Solano Augusto.
Por su parte, Jenny Marte Peña, quien era la encargada de los proyectos, se encuentra actualmente cumpliendo el arresto domiciliario asignado, de la misma forma que Altagracia Guillen Calzado y Rafael Antonio Mercedes Marte, quienes ejercían como subdirectora administrativa y director de contabilidad, respectivamente.
El exasesor Miguel José Moya también fue imputado en el caso medusa, pero este logro llegar a un acuerdo en el cual se le fue impuesta una garantía a manera económica de un millón de pesos, bajo la forma en que se cumpla por contrato de compañía aseguradora, y a su vez, se encuentra bajo el impedimento de poder abandonar el país, acompañado de una presentación periódica ante la ley.
